Política

Comunidades opositoras no adoptarían la "Ley Celaá"

Las comunidades gobernadas por el Partido Popular no aplicarán el próximo año la polémica norma educativa promovida por el gobierno de Pedro Sánchez, a través de diferentes mecanismos legales

La Ministra de Educación, Isabel Celaá
La Ministra de Educación, Isabel Celaá

Las comunidades gobernadas por el PP no aplicarán el próximo año la polémica “Ley Celaá”. De acuerdo a lo que han informado fuentes del partido a medios españoles, lo impedirán a través de mecanismos legales con el objetivo de “seguir garantizando la libre elección de las familias para elegir centro escolar, blindar a la concertada y a la especial, garantizar una educación de calidad impidiendo la promoción con suspensos y proteger el castellano”.

Las prisas del Gobierno por aprobar su proyecto de ley educativo en el Pleno del Senado el próximo día 23, tendría como objetivo el esconder varios motivos. Si la norma no sale adelante ese día, comenzarán las vacaciones parlamentarias de Navidad y el Gobierno perdería un tiempo precioso para el cumplimiento de sus objetivos.

Entre ellos, la aplicación de los nuevos criterios contenidos en la Lomloe sobre admisión de alumnos y mantenimiento de conciertos educativos. Por eso, las comunidades del PP usarán diferentes caminos legales para impedirlo. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid acaba de publicar la resolución de admisión de alumnos cuando normalmente lo hace en enero o febrero. 

Mientras tanto, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo ya anunció, contrariamente a lo que plantea la Lomloe, que no otorgaría el título de Bachillerato con suspensas ni el de ESO con más de dos sin aprobar y que el castellano será vehicular. En resumen, cada comunidad recurrirá a diferentes caminos legales que les permitan sortear la polémica ley educativa.

¿Qué va a impedir Madrid y Murcia aprobando la resolución sobre admisión de alumnos? El proceso de admisión suele producirse a partir del mes de febrero de cada año. Si la Lomloe se aprobase en febrero de 2021, las novedades de la misma no tendrían efectos hasta el año 2022.

Si dicho proceso de admisión de alumnos se hiciera según lo estipula la “Ley Celaá” se favorecería la "zonificación y se daría vía libre a que las comisiones u órganos de garantías de admisión" puedan evitar la supuesta segregación, dirigiendo a los alumnos a centros que no desean sus padres, estableciendo porcentajes de alumnos inmigrantes o con menos recursos.

Marianyfel Salazar

Periodista and Social Media Management, con conocimientos en Comunicación Corporativa y Organizacional; medios de comunicación impresos, audiovisuales y radiofónicos; y posicionamiento de marcas+ info

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